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A partir del sábado 19 de julio se ha dado un aumento en las tarifas del transporte público concesionado (microbuses) en casi todas las rutas que circulan por la capital del país (más de las dos terceras partes y se espera que el número aumente).

Estas rutas firmaron un convenio con la Setravi donde se comprometen a renovar su parque vehicular, pero será hasta fines de año que empezarán a circular, supuestamente, nuevos autobuses con tecnología de punta y vocación ambiental.

Ciertamente y quizás el aumento sea justo, los costos de operación se han elevado. Es un derecho que se les reconoce a los transportistas por su trabajo. El argumento suena bien: un aumento a cambio de la promesa de mejores unidades. Los transportistas se han beneficiado, recibieron el aumento que cada año peleaban.

¿Y los usuarios?

Habrá nuevos autobuses (hay que esperar hasta fin de año para verlo) pero seguirán los mismos choferes. “Nuevos autobuses, viejos choferes”. Esto significa que el servicio seguirá siendo el mismo: pésimo. El que haya nuevos autobuses no garantiza un mejor servicio. Cuando se dio el cambio de los peseros a combis no mejoró el servicio, empeoró. Tampoco mejoró con le cambio de combis por microbuses y tampoco ha mejorado con los nuevos autobuses. Y no ha sido así, porque no hay una política específicamente para ello.

El aumento de tarifas es una política destinada para los transportistas. Sólo se les está ayudando a mejorar su negocio. Es una política neoliberal, donde ganan las armadoras, ganan los transportistas y ganan las autoridades. Pero ¿y los usuarios?

Siguen siendo «No Sujetos de Derecho»; no fueron tomados en cuenta, esta política sólo se concertó con los transportistas porque va a beneficiar únicamente a ellos.

Esta visión es parcial, considera que con sólo “modernizar” el transporte (léase las máquinas) es suficiente para enfrentar el problema, ya que su visión es parcializada. Por lo tanto, dejan de lado lo más importante, la relación humana; la política social. El transporte público se ha convertido en un elemento muy importante en las grandes urbes, como la nuestra: y es que sus habitantes pasan mucho tiempo en él y el servicio que reciben es de la peor calidad, y sobre eso, no se hace nada.

Al asumir esta política parcializadora y no haber una política explícita para atender los derechos de los usuarios, se reconoce implícitamente la incapacidad de incidir en la conducta de los transportistas para que asuman un nuevo papel y brinden un servicio de calidad, con un mejor trato, y respeto por el usuario.

El transporte público en nuestra ciudad es de «alto riesgo», genera una gran cantidad de víctimas, desde los malos tratos, los abusos, las agresiones, incluyendo los accidentes, que dejan daños y secuelas en los usuarios. Este aspecto no se visibiliza y por lo tanto, no se atiende.

Como siempre, los derechos de los usuarios no son tomados en cuenta. Los usuarios tienen derecho a participar en las políticas públicas, a la información, a que sus quejas sean atendidas y a un trato digno y amable, entre otros. Así lo dijimos el pasado el 30 de junio, en el foro “Transporte en la Ciudad ”, organizado por la ALDF , Y precisamente, estos derechos no se están respetando con esta política, pues no se les tomó en cuenta, sólo a los transportistas; tampoco han sido informados ampliamente sobre las rutas y ramales que tienen autorización de subir el pasaje. Y tampoco se ha dicho ¿a dónde acudir en caso de que haya abusos en este sentido? (cobros mayores o indebidos). Este es un punto de quiebre para que se den los abusos y otra vez el usuario queda desprotegido.

¿Hasta cuando será tomado en cuenta el usuario y se respetarán sus derechos?

Una vez más queda demostrado que la Setravi es una institución que fue creada y atiende únicamente a los transportistas y deja de lado a los usuarios que somos la mayoría de la población. Hace falta un cambio total en esa instrucción Es necesario transformar a la Setravi en la Secretaría de la Movilidad Urbana Sustentable, tomando al usuario y al peatón como centro de sus políticas públicas.